octubre 13, 2026

Falta a la FGE Esteban Constantino; enfrentará multa económica

– crece exigencia para investigar a Grecia Quiroz

Uruapan, Mich.- La investigación por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez volvió a colocar bajo presión al primer círculo político y administrativo que lo rodeó, luego de que Esteban Rafael Constantino Magaña, secretario de Obras Públicas y Movilidad del Ayuntamiento de Uruapan, no acudiera a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Israel Vega Rodríguez, vicefiscal y encargado del despacho de la FGE, confirmó que el funcionario recibió un segundo citatorio, ahora acompañado de un apercibimiento económico cercano a 50 UMAS. Si nuevamente incumple, las medidas podrán aumentar conforme avance el procedimiento legal.

El requerimiento fue canalizado a través de la Sindicatura Municipal. La Fiscalía busca que Constantino Magaña aporte información dentro de una investigación que, a más de diez meses del homicidio de Carlos Manzo, todavía mantiene interrogantes sobre las personas que tuvieron acceso cercano al alcalde, a sus movimientos y a información de su entorno.

El contraste resulta evidente: Arturo Ramírez Rivas, secretario del Ayuntamiento, sí acudió a rendir declaración y manifestó disposición para presentarse nuevamente si la autoridad lo requiere. Constantino Magaña, en cambio, acumuló una inasistencia que ahora tendrá consecuencias económicas y podría derivar en medidas más severas.

La presión también aumenta sobre la investigación del círculo cercano de Manzo. Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado, ha exigido públicamente que las indagatorias no se limiten a autores materiales o integrantes de grupos criminales, sino que alcancen a todas las personas que rodeaban al exedil.

Entre ellas ha pedido que se investigue a Grecia Itzel Quiroz García, ex pareja de Carlos Manzo y actual presidenta municipal sustituta de Uruapan, así como a funcionarios que tuvieron acceso directo al entonces alcalde y a información que pudiera resultar relevante para esclarecer el crimen.

Investigar a integrantes de ese círculo no significa atribuirles responsabilidad penal. Sin embargo, en un caso de esta magnitud, dejar sin revisar relaciones, comunicaciones, decisiones y movimientos internos del Ayuntamiento alimentaría todavía más las dudas sobre la profundidad de las pesquisas.

La exigencia es clara: que no existan intocables, cargos públicos ni relaciones políticas capaces de frenar una investigación que debe esclarecer quién participó, quién sabía y qué ocurrió alrededor del asesinato de Carlos Manzo.

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